Los trabajadores judiciales bonaerenses anunciaron hoy un paro de actividades para este miércoles para reclamar a la Suprema Corte la devolución de los descuentos aplicados por huelgas y rechazar la eliminación de la feria judicial y otras reformas laborales.

El paro, según informó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), fue resuelto en asambleas realizadas en los 19 departamentos de la provincia de Buenos Aires y “se inscribe en la Jornada Nacional de Lucha dispuesta por la Federación Judicial Argentina para ese mismo día”, informa la agencia DyN.

En esa jornada los judiciales de todo el país “realizarán acciones gremiales en rechazo a los proyectos de reforma que impliquen eliminación de las ferias judiciales, ampliación de la jornada laboral o restricciones en el plazo de vacaciones y en el régimen de licencias”, se indicó.

Los judiciales bonaerenses llevarán a cabo una concentración, a partir de las 11, frente a la sede central de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, ubicada en avenida 13 entre las calles 47 y 48, de La Plata, donde además exigirán la devolución de los descuentos por paros aplicados este año.

En el comunicado el gremio expresó su “enérgico repudio a las declaraciones realizadas recientemente por el Presidente (Mauricio Macri), quien desarrolló una ingeniería comunicacional para convencer al conjunto de la sociedad que el principal obstáculo para que la Argentina avance es el alto costo laboral”.

“Para ejemplificar los privilegios de que gozarían ciertos sectores de trabajadores y trabajadoras, eligió a quienes trabajamos en el Poder Judicial”, afirmaron.

Asimismo, denunciaron que “apelando deliberadamente a datos falsos o tergiversados sobre supuestas condiciones de privilegio en materia de ingresos, vacaciones o licencias, Macri pretende legitimar la necesidad de la más profunda y regresiva reforma laboral llevada a cabo desde la última dictadura militar”.

Finalmente, señalaron que “curiosamente, nada habló el Presidente de las verdaderas causas de las crisis de la Justicia: la dependencia de gran parte de los jueces, fiscales y defensores respecto del poder político al que deben controlar e investigar; o las históricas restricciones presupuestarias, que condenan al colapso permanente a un Poder Judicial que apenas se mantiene a flote gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras”.

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