La causa es investigada por el juez Daniel Rafecas. “No solamente constituye actos ilícitos, sino que representa un escándalo moral”, se señala en el escrito. Acusan a Emilio Pérsico y a otros dirigentes de “estar de los dos lados del mostrador” porque son funcionarios, controlan el destino de los fondos y gestionan los convenios
La Coalición Cívica, el partido político que preside Elisa Carrió, denunció una “asociación ilícita” liderada por dirigentes del Movimiento Evita, que además son funcionarios. En concreto, los acusan de girar -a través de “convenios” amañados- más de $3.000 millones a sus cooperativas.
Según este esquema, los acusados otorgan y controlan porque ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos. Es decir, la maniobra delictiva está anclada en tres ejes y tiene como vértice a la cúpula de la organización popular oficialista.
En la causa penal que tramita en el despacho del juez federal Daniel Rafecas, se asegura que se trata de una “conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo– para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”, en este caso el Frente de Todos.
Desde la CC entienden que el presunto desmanejo de los fondos estatales, que terminan en las asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, “no solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido” por este tipo de conductas, se lee en el expediente número 2613/2022.
Los denunciados
Entre los presuntos integrantes de la asociación ilícita que saqueó parte del presupuesto del ministerio de Desarrollo Social están, entre otros, Emilio Pésico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, Milagros Moya (también integrante del Evita); y Gildo Onorato, el único que no es funcionario, pero que preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, que es la organización en la que están nucleadas las Unidades de Gestión y asociaciones a las que se trasfirieron los fondos cuestionados.
La descripción de la maniobra, que tramita en Comodoro Py desde agosto del año pasado, es por “trasferencias directas de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas o que integran dicho Movimiento”.
Entre las pruebas presentadas por los dirigentes de la Coalición Cívica se analizan más de 150 convenios aprobados y concedidos a cooperativas y entidades que responden al Movimiento Evita.
Los fondos, tal como se describe, provienen del Potenciar Trabajo, un programa del ministerio de Desarrollo Social que es administrado desde la Secretaría de Economía Social que está a cargo de Emilio Pérsico.
La maniobra
Pérsico fue designado en el puesto por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión. De hecho, por la cartera social pasaron tres ministros: la actual funcionaria Victoria Tolosa Paz; su antecesor, Juan Zavaleta; y el diputado Daniel Arroyo. A pesar de estos movimientos, Pérsico continúa en el cargo.
El Potenciar Trabajo fue creado en marzo de 2020 por iniciativa de Arroyo. El padrón inicial de beneficiarios era de 554.628 titulares. Tres años después son 1.271.2158, lo que significa un aumento del 129,2% desde su inicio.
El legislador porteño y miembro de la mesa directiva de la Coalición Cívica, Hernán Reyes le explicó a Infobae: “La clave de la maniobra que deberían investigar el juez Daniel Rafecas y el fiscal federal Ramiro González está en la firma de los convenios y los subsidios a través de lar organizaciones sociales, en este caso del Movimiento Evita”
“Es un direccionamiento hacia sus cooperativas que, obviamente, ellos mismos valoran y controlan. El INAES aprueba, Moya Controla, y los fondos salen de la secretaría que maneja Pérsico”, sentenció Reyes, quien entiende que esta es “la caja fuerte a través de la cual estas ‘orgas’ hacen política y se expanden territorialmente”.
