El peligro de perder pruebas clave
El disparador de la presentación fiscal fue una nota firmada el 9 de enero por el capitán de Navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada. En el documento se informaba sobre el inminente traslado del archivo desde su sede en la Ciudad de Buenos Aires hacia el denominado Garage Central de la fuerza, dejando atrás una selección de documentos para su posible digitalización o destrucción.
Los fundamentos del juez Kreplak
En su resolución, el magistrado recordó que en la zona portuaria de Berisso y Ensenada funcionaron diversos centros clandestinos de detención, entre ellos, la exBase Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval y el Batallón de Infantería de Marina N°3. También mencionó la delegación de la Prefectura Naval y el Hospital Naval “Río Santiago”, donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos.
El juez subrayó que la documentación del Archivo General de la Armada tiene un “carácter esencial como elemento probatorio” en las investigaciones judiciales, dado que aún se desconoce el paradero de muchas víctimas desaparecidas. Además, remarcó que la clasificación de documentos en distintos grupos -aquellos que se trasladarían, los que se digitalizarían y los que serían destruidos- no especificaba criterios claros ni garantías sobre la protección del material relevante.
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