
Hoy, el Concejo Deliberante ha aprobado una Ordenanza y una enmienda al Código de Faltas Municipal que introduce la obligación de tener señalización reflectante en todos los cercos que se dispongan alrededor de trabajos en la vía pública. Las empresas que no cumplan con esta disposición enfrentarán sanciones que oscilarán entre 2 y 20 millones de pesos.
La propuesta fue presentada en abril de 2024 por el bloque Bien Común y fue revisada en la Comisión de Obras, donde recibió un dictamen favorable hace unos días. En la sesión ordinaria de este jueves, fue aprobada por unanimidad, quedando ahora pendiente la regulación por parte del Departamento Ejecutivo.
Esta iniciativa surge debido a que “en muchos sectores de la ciudad la señalización de las obras en la vía pública es insuficiente”, lo que aumenta la posibilidad de accidentes de tránsito.
En el texto de la nueva Ordenanza se establece que “cualquier obra en la vía pública que afecte la circulación, realizada en el Distrito de Coronel Rosales, debe contar con medios de señalización reflectante y/o balizamiento que aseguren su adecuada visibilidad durante todo el día”.
Adicionalmente, se señala que “no se podrán iniciar obras en la vía pública sin la instalación previa de las señales viales pertinentes”, y que estas deben “ser autorizadas previamente por la Secretaría de Obras”.
La responsabilidad de definir “la forma específica de las señalizaciones” recae en el Departamento Ejecutivo, el cual debe tener en cuenta “las características del lugar donde se lleve a cabo la obra, el alumbrado disponible y priorizar que sean claramente visibles durante la noche”.
Asimismo, la Ordenanza estipula que “todas las vallas situadas en la vía pública deben contar con bandas reflectantes que las resalten”.
Por último, se modifica el artículo 141 del Código de Faltas para establecer que el incumplimiento de esta nueva normativa pueda ser sancionado con multas que van de 10 a 100 módulos (equivalentes a $199. 000 a $1. 990. 000) para particulares, mientras que para empresas concesionarias de servicios públicos o contratistas de obras, las multas serán de 100 a 1. 000 módulos (de $1. 990. 000 a $19. 900. 000).