El proyecto que busca desmantelar los colegios profesionales
Además de eliminar el financiamiento a través de las cuotas, el proyecto establece un plazo de 120 días para que los colegios cedan sus bases de datos al nuevo registro nacional. También perderían su capacidad sancionatoria, regulatoria y recaudatoria, lo que en la práctica significa su disolución como órganos de control profesional.
“El proyecto desfinancia, desregula y desprotege”, advirtieron desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Según explicaron, sin la estructura que hoy sostienen los colegios, se verían afectadas tareas esenciales como la auditoría ética, las capacitaciones y el resguardo frente a la mala praxis. “Va contra la salud pública, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional”, remarcaron.
Fuerte rechazo a la iniciativa del gobierno nacional
La crítica también apunta contra el argumento oficial de “abaratamiento” y “reducción de burocracia”. Para las entidades profesionales, ese discurso abre la puerta a prácticas deficientes. Señalan que en provincias donde el sistema de colegiación es débil, se incrementaron los casos de intrusismo, mala praxis y abandono del control profesional.
En paralelo al tratamiento del proyecto en comisiones, el Ministerio de Salud publicó la Resolución 1641/2025, que dispone que todos los profesionales que trabajen en organismos del Estado nacional deberán contar con matrícula nacional como único requisito para ejercer. La medida elimina la necesidad de matrículas provinciales para esos casos y profundiza el plan de recentralización.
El Colegio de Médicos bonaerense respondió con un comunicado donde recordó que el control del ejercicio profesional en la provincia sigue siendo facultad del propio colegio, conforme al Decreto Ley 5413/58. Advirtieron que la medida del Ministerio de Salud no puede imponerse sobre la legislación provincial ni modifica las exigencias para consultorios privados, clínicas o hospitales de gestión mixta.
La reforma también pone en riesgo el sistema previsional de las profesiones, advierte la Coordinadora de Cajas. Las entidades previsionales son financiadas con aportes de los propios trabajadores y responden a las realidades de cada provincia. El nuevo esquema nacional, sin consulta previa y sin participación de las cajas, podría generar incertidumbre y desprotección para miles de profesionales y sus familias, según afirman.
