En los últimos meses, el tema de la discapacidad en Argentina ha cobrado una visibilidad particular. No solo por los reclamos de personas con discapacidad y sus familias, sino también por las medidas —o la falta de ellas— que el Estado ha tomado en materia de derechos, accesibilidad y asistencia social.
El interrogante que surge es inevitable: ¿estamos frente a una estrategia política o ante un desacierto en la gestión?
El contexto actual
- Demoras en pagos y prestaciones: Obras sociales y programas estatales tardan en reconocer y abonar servicios esenciales, lo que pone en jaque la continuidad de terapias y apoyos indispensables.
- Burocracia excesiva: Los trámites para acceder a certificados, pensiones y beneficios suelen ser interminables y desgastantes, generando más exclusión en lugar de integración.
- Reclamos en la calle: Familias, docentes de apoyo y organizaciones han salido a manifestarse, evidenciando la falta de respuestas concretas.
Estrategia política
Algunos sostienen que podría tratarse de una estrategia de ajuste, donde el recorte se disfraza de “ordenamiento administrativo”. Reducir gastos en pensiones, prestaciones y programas se presenta como una manera de “achicar el Estado”, aunque el costo lo pagan los más vulnerables.
En esta lectura, el mensaje implícito sería: “hay prioridades más urgentes”. Sin embargo, ese enfoque relega derechos adquiridos y deja a miles de familias libradas a su suerte.
Desacierto de gestión
Otros entienden la situación como un fracaso de gestión, donde la falta de coordinación entre ministerios, obras sociales y organismos estatales genera trabas que podrían resolverse con decisión política y una mirada más humana.
En este escenario, no hay un plan deliberado de exclusión, pero sí un desinterés que termina teniendo las mismas consecuencias prácticas: abandono y frustración.
Reflexión final
La sociedad argentina, históricamente solidaria, no puede permitirse mirar hacia otro lado. La falta de políticas claras para la discapacidad no solo afecta a quienes la viven en carne propia, sino que también pone en cuestión qué tipo de país queremos construir:
- ¿Uno que margina y recorta?
- ¿O uno que garantice dignidad e inclusión para todos?
Desde una visión personal, creo que el problema no se limita solo a la falta de voluntad política o al ajuste económico. Hay un trasfondo más profundo: la ausencia de técnicos y especialistas en el área social dentro del propio gobierno.
Si algo ha caracterizado a esta gestión, es la falta de planificación certera en lo social, lo que se traduce en decisiones improvisadas, parches administrativos y medidas que no contemplan la complejidad de la discapacidad.
Porque al final del día, la verdadera medida de una nación no se refleja en el superávit fiscal ni en las encuestas, sino en cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables. Y en este punto, la Argentina tiene todavía una enorme deuda pendiente.
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