En Coronel Rosales se repite una postal que empieza a preocupar: motociclistas a los que se les secuestró la moto a pesar de tener toda la documentación en regla. Lo que debería ser un control rutinario de tránsito, en muchos casos se transforma en un calvario burocrático y económico para vecinos que cumplen con la ley.
La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 es clara. Solo se puede retener o secuestrar un vehículo si faltan requisitos esenciales para circular: seguro, licencia, documentación, VTV o si el conductor conduce bajo efectos de alcohol o drogas. Incluso, desde hace años, la aplicación oficial Mi Argentina es reconocida en todo el país como documentación válida en formato digital.
Entonces, ¿cómo se entiende que en Coronel Rosales se sigan secuestrando motos aunque los vecinos presenten todos los papeles, incluso desde la app oficial del Estado?
Aquí surgen tres posibles respuestas. La primera, el abuso de autoridad, donde la discrecionalidad se usa como herramienta recaudatoria. La segunda, un desconocimiento de la ley por parte de los inspectores, lo que pondría en evidencia una preocupante falta de capacitación. La tercera, una mezcla de ambas: arbitrariedad amparada en la ignorancia de quienes deberían garantizar el cumplimiento normativo.
El resultado es siempre el mismo: vecinos de buena fe que terminan perdiendo tiempo, dinero y confianza en las instituciones. Peor aún, estas prácticas desvirtúan el verdadero objetivo de los controles de tránsito, que no es recaudar ni sancionar a quien cumple, sino prevenir accidentes y salvar vidas.
Un camino posible
El municipio no puede mirar hacia otro lado. Si el problema es la falta de formación de los inspectores, la respuesta inmediata debería ser un programa de capacitación obligatoria y continua, donde se actualicen en legislación de tránsito y en la validez de la documentación digital.
También resulta clave implementar protocolos claros de procedimiento en los operativos, para evitar discrecionalidades, y un sistema de reclamos ágil y transparente para que los ciudadanos puedan defender sus derechos sin caer en laberintos burocráticos.
La tecnología, como la app Mi Argentina, está para facilitar la vida de la gente, no para convertirse en una excusa de secuestro arbitrario. Por eso, la pregunta que debería guiar a las autoridades locales es tan simple como urgente:
¿Quieren controles de tránsito que realmente cuiden la vida de los rosaleños o un sistema que castigue, sin fundamento, a quienes cumplen con la ley?
Cabe recordar que la aplicación oficial Mi Argentina tiene plena validez legal y reemplaza a la documentación física en todo el territorio nacional. Entonces, la pregunta final parece inevitable:
¿Los secuestros arbitrarios en Coronel Rosales responden a un abuso de autoridad, a un criterio recaudatorio o, en el fondo, a la ausencia de capacitaciones adecuadas para los inspectores municipales?
About the Author
