En los últimos años se ha instalado, con fuerza, la idea de que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta. Sin embargo, es importante entender que proscripción e inhabilitación no son lo mismo, y confundirlos solo alimenta el relato y la desinformación.
La proscripción es una prohibición política impuesta por el poder, generalmente sin base judicial ni proceso legal. Es lo que ocurrió entre 1955 y 1973, cuando el peronismo fue realmente expulsado de la vida política argentina. Eso fue una proscripción real.
En cambio, lo que hoy atraviesa la ex presidenta es una inhabilitación judicial, dictada tras un proceso con sentencia firme, confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Esto no es persecución política, sino la consecuencia jurídica de un fallo que agotó las instancias previstas por la ley.
La diferencia es fundamental:
La proscripción nace de la arbitrariedad del poder.
La inhabilitación surge de una decisión judicial, dentro del marco institucional.
Llamar proscripción a una condena judicial firme no solo es inexacto, sino que distorsiona el sentido de la justicia y la responsabilidad pública.
Y como ciudadanos, debemos tener presente algo más profundo:
No permitamos que el desconocimiento ni los relatos emocionales reemplacen la verdad de los hechos.
Porque cuando las pasiones pesan más que la razón, la historia termina repitiéndose, y casi siempre, para mal.
