Por: Lorena Savioli / Gastón Herrera
La situación del hospital de Coronel Rosales es crítica. Las consecuencia de la política de ajuste que atraviesan el sistema de salud en Argentina se hacen sentir cada vez más. El 30 de noviembre sería el último día que funcione como centro de alta complejidad. Desde el 1 de diciembre, la terapia intensiva, el quirófano y varias salas más cerrarían definitivamente, dejando a la población de Coronel Rosales y alrededores sin atención de alta complejidad.
El hospital, que hoy recibe cualquier emergencia de la zona, sin importar obra social ni complejidad, dejaría de ofrecer ese servicio fundamental. Quienes necesiten una cama de terapia intensiva, un respirador o una cirugía urgente, se quedarían sin alternativas en la ciudad. Esta decisión se da al mismo tiempo que Milei mediante decreto habilita que se desplieguen 152 efectivos argentinos, junto a comandos, buzos tácticos, patrulleros oceánicos y helicópteros, en conjunto con tropas estadounidenses en Base Belgrano. El gasto total entre ambos ejercicios supera los 120 millones de pesos y corre a cuenta nuestra.
Más de 300 trabajadores y trabajadoras, que cobran salarios de miseria (en torno a los 400.000 pesos, con contratos renovables cada tres meses), podrían quedar en la calle por el cierre de áreas. Hay que dejar en claro también que esto es posible porque el pase a planta de los trabajadores que Jorge Taiana (actual diputado que encabeza la lista de diputados de Fuerza Patria) firmó en 2023 cuando estaba a cargo del Ministerio de Defensa nunca se hizo efectivo. Sin salas funcionando, hasta los puestos de mantenimiento están en la mira. Un golpe directo a cientos de familias trabajadoras, condenadas a la precarización y el desempleo por decisiones que se toman en despachos lejanos y sin consultar a quienes sostienen todos los días el hospital.
El desfinanciamiento de IOSFA es uno de los factores que empujó el colapso junto con el recorte presupuestario del gobierno nacional. La auditoría en curso está vaciando la obra social, aunque los afiliados siguen poniendo el hombro y pagando todos los meses. El recorte a la salud y a educación fue utilizado de excusa para mantener el equilibrio fiscal y priorizar el pago de la deuda, pero este argumento voló por los aires cuando Karina Milei fue acusada de ser parte de un esquema de coimas y sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), perjudicando a los que más ayuda necesitan. Actualmente a los afiliados de IOSFA ya les suspendieron turnos, operaciones y prácticas en varias áreas, y sólo atienden urgencias.
A esto se suma la disolución de FUSANA, que pagaba un plus salarial a médicos y anestesistas. Si ese incentivo no aparece, ya avisaron los profesionales que se van a ir. Hay negociaciones para que una gerenciadora privada se haga cargo del pago, un síntoma más de la privatización y el negocio con la salud.
El hospital cuenta con equipamiento de punta: resonador, tomógrafo, y un tomógrafo para obesidad mórbida único en la región. Pero nada de eso se aprovecha como corresponde, porque nunca avanzó la propuesta de abrirlo a la comunidad bajo gestión de sus trabajadores, priorizando las necesidades de la comunidad, para que trabaje con todas las obras sociales e integre la red de salud de la zona.
Los trabajadores se organizan en defensa de la salud pública y los puestos de trabajadores Frente a este ataque, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un amparo colectivo contra IOSFA y el Ministerio de Defensa, denunciando el vaciamiento de la cobertura médica a más de 60.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires. El amparo busca que la Justicia obligue a restablecer la cobertura integral para trabajadores y trabajadoras estatales, incluyendo medicamentos esenciales como oncológicos, insulina y tratamientos para el VIH.
ATE denunció también la total irresponsabilidad del Ministerio de Defensa, que mira para otro lado mientras el sistema de salud del IOSFA se paraliza y la gente queda a la deriva. El impacto no es sólo en Coronel Rosales, sino en localidades como Punta Alta y Bahía Blanca, donde miles dependen de esta cobertura. La pelea por defender el hospital y la salud pública sigue más vigente que nunca, en un contexto donde el ajuste y el vaciamiento ponen en riesgo la vida y el trabajo de miles.
El trasfondo: ajuste y mercantilización bajo Milei.
La situación en Coronel Rosales es el reflejo local de una política nacional de ajuste y desguace del sistema sanitario. No es sólo Milei, aunque el actual gobierno lleva el ajuste a niveles inhumanos, sino también la continuidad de políticas de desfinanciamiento y precarización de gestiones anteriores. Salarios por debajo de la canasta básica, contratos basura, persecución a quienes luchan y el intento permanente de convertir la salud en un negocio para empresarios y gerenciadoras.
La salud debe ser pública, gratuita y de calidad, sin que ningún burócrata ni empresario decida quién recibe atención y quién queda afuera. La defensa del hospital de Coronel Rosales es parte de la lucha nacional para derrotar el ajuste, exigir salarios dignos y estabilidad para todo el personal y que la salud deje de ser una mercancía al servicio del acuerdo con el Fondo Monetario. La respuesta tiene que ser la organización y la lucha unificada, en las calles y con un plan de acción que enfrente a Milei y los gobernadores cómplices. Porque la salud es un derecho y la vamos a defender.
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