En una decisión que marca un antes y un después en la regulación de la educación privada, el Gobierno ha derogado el Decreto 2417/1993, eliminando así el sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados en todo el país. La medida, formalizada a través del Decreto 787/2025 y publicada hoy en el Boletín Oficial, pone fin a más de tres décadas de supervisión de precios en matrículas y cuotas escolares.
A partir de ahora, los colegios privados tendrán la libertad de fijar sus aranceles sin necesidad de autorización previa ni comunicación anticipada al Estado nacional. Este cambio radical en el esquema regulatorio busca, según fuentes gubernamentales, promover una mayor autonomía y eficiencia en la gestión de los establecimientos educativos privados.
El Decreto 2417/1993, que ahora queda sin efecto, establecía un marco de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, con el objetivo de garantizar la accesibilidad a la educación y evitar aumentos desmedidos en las cuotas escolares. Sin embargo, el Gobierno actual considera que este sistema ha generado rigideces y distorsiones en el mercado educativo, limitando la capacidad de los colegios privados para adaptarse a las necesidades y demandas de las familias.
La derogación del decreto ha generado diversas reacciones en el ámbito educativo. Mientras que algunos sectores celebran la medida como un avance hacia una mayor libertad y competencia en el sector, otros expresan su preocupación por el posible impacto en el acceso a la educación de familias de bajos recursos. Se espera que en los próximos días se produzcan debates y análisis sobre las implicaciones de esta decisión en el futuro de la educación privada en el país.
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