El verano volvió a desnudar lo que en Esteban Echeverría ya es rutina: calles impregnadas de un olor a pollo nauseabundo, ventanas cerradas desde temprano y bronca acumulada en redes sociales. No es un episodio aislado ni un “día particular”: es todos los días. Y el responsable político tiene nombre y apellido. El municipio que gobierna Fernando Gray desde hace 18 años volvió a mirar para otro lado mientras miles de vecinos soportan una situación que jamás se resolvió desde la instalación de la planta.
Las quejas se repiten como un reloj. “Es un asco, dan ganas de devolver”, “cierro puertas y ventanas pero no es justo”, “hace años que se reclama y Gray no hace nada”, “trabajan 24/7 y el olor es insoportable”. El hilo común no es solo el hedor: es la certeza de que el Municipio eligió la inacción como política pública.
No es falta de información ni de antecedentes. Cuando la avícola pertenecía a Cresta Roja, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo inspeccionó e intimó por contaminación ambiental. El olor persistió. Las intimaciones pasaron. El problema quedó. El poder municipal, inmóvil.
En 2022, ante una consulta directa, Gray reconoció lo obvio: la planta necesitaba obras importantes. También dejó al descubierto el chantaje de siempre: si el Estado exige, la empresa amenaza con cerrar. Tres años después, no hubo obras, no hubo controles efectivos y no hubo solución. Lo único que hubo fue más olor, más calor y más vecinos atrapados en una postal indignante.
La temporada estival agrava todo. Con altas temperaturas, el hedor se vuelve irrespirable. No es una molestia menor: es un problema sanitario, de calidad de vida y de dignidad urbana. Mientras tanto, desde el Municipio se repite el silencio, o peor, la resignación cómplice. Gobernar no es administrar excusas.
Las redes sociales lo dicen sin eufemismos. Hay quienes señalan que “Gray no vive acá”, otros recuerdan que “en las últimas elecciones se sintió el descontento”. También aparecen voces que piden soluciones técnicas concretas —inversión en sistemas de tratamiento de olores, modificaciones en chimeneas, controles reales— y no el falso dilema entre trabajo o ambiente. Nadie pide cerrar una empresa; se exige que cumpla y que el Estado haga cumplir.
Después de casi dos décadas de gestión, el balance es lapidario: el problema estaba, el problema sigue y el intendente eligió no resolverlo. La fábrica nunca solucionó el impacto ambiental y el Municipio nunca la obligó a hacerlo. El resultado es una población rehén del olor, semana tras semana, verano tras verano.
La pregunta ya no es técnica ni burocrática. Es política: ¿hasta cuándo la desidia municipal? Porque el olor pasa con el viento; la responsabilidad, no.
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