La normativa original formaba parte del marco regulatorio establecido por el Decreto N° 1.191/2012, que buscaba priorizar la contratación con empresas en las que el Estado nacional tuviera participación accionaria. No obstante, con el Decreto N° 70/2023 que declaró la emergencia pública en múltiples aspectos hasta 2025, se introdujo un programa de desregulación que limitó los beneficios otorgados a dichas compañías y el posterior Decreto N° 747/2024 eliminó específicamente la obligatoriedad de dichas contrataciones.
La nueva norma lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes oficializaron la decisión a través del Boletín Oficial.
Bajo la Decisión Administrativa N° 1.017/2024, los funcionarios nacionales argumentaron que “la medida busca garantizar un régimen de contrataciones más equitativo, basado en licitaciones públicas y concursos que fomenten la transparencia y promuevan la concurrencia” y confirmaron además que la medida ya entró en vigencia, tras su publicación.
