Por Luis Montenegro
Diplomado en Ciencias Políticas – Asesor Político
El veto es una facultad constitucional que poseen los ejecutivos —ya sea el Presidente, un gobernador o un intendente— para rechazar total o parcialmente una ley o norma sancionada por el Poder Legislativo. Se trata de un mecanismo diseñado para equilibrar el sistema republicano y garantizar que no se dicten normas que resulten inaplicables,
inconstitucionales o que perjudiquen a la administración general.
En el plano nacional, el debate sobre el veto suele tener gran repercusión porque afecta de manera directa a un porcentaje muy alto de la ciudadanía. Cada vez que un presidente veta una ley, inevitablemente se abre una discusión pública sobre los alcances de esa decisión: ¿se defendió el interés general o se respondió a presiones sectoriales?
Ahora bien, al trasladar esta misma figura a nivel local —como en el caso de Coronel Rosales y las sanciones a la empresa ABSA— la situación adquiere una particularidad distinta. Aquí, el veto no solo impacta sobre la administración municipal, sino que también toca fibras sensibles de la ciudadanía, ya que los vecinos son los principales afectados por los recurrentes problemas en el servicio de agua y saneamiento.
¿Un veto técnico o una vendetta política?
El veto del intendente sobre las sanciones a ABSA fue leído por muchos sectores como una “vendetta política” más que como una decisión técnica. El Concejo Deliberante había acompañado un reclamo social: aplicar sanciones a una empresa cuya deficiencia en el servicio es evidente para la comunidad.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de frenar esta medida abre interrogantes:
● ¿Se trató de un acto de prudencia institucional, al considerar que el municipio no tiene la potestad legal suficiente para sancionar a una empresa provincial?
● ¿O bien refleja una doble vara política, donde el discurso público sobre “defender a los vecinos” contrasta con la práctica de proteger a una empresa señalada por incumplimientos?
Doble vara y desgaste político
En la política local, hablar de doble discurso es peligroso porque erosiona la credibilidad.
Cuando se sostiene un mensaje de cercanía con el vecino, pero las acciones concretas parecen alinearse con los intereses de otros actores, el riesgo de desgaste es alto.
En el caso de ABSA, el veto puede ser interpretado por la ciudadanía como una señal de debilidad frente a la provincia, o incluso de connivencia. El intendente se expone así a un costo político: el vecino que no tiene agua no analiza tecnicismos jurídicos, sino que mide resultados concretos.
Conclusión
El veto es una herramienta legítima dentro del sistema republicano, pero su utilización debe estar sólidamente fundamentada. En Nación, el veto abre debates de escala macro; en Coronel Rosales, el veto al Concejo en relación a ABSA toca directamente la vida cotidiana de los vecinos.
Cuando la política local recurre al veto en un tema tan sensible como el agua, no basta con el argumento formal o jurídico: se necesita una comunicación clara, transparente y convincente que explique por qué se tomó esa decisión. De lo contrario, el riesgo es que se perciba como un acto de doble vara, donde lo político termina primando por encima de las necesidades reales de la comunidad.
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