En un contexto de crisis económica provocada por las medidas del gobierno de Javier Milei, trabajadores y representantes gremiales de Renault, una de las empresas de automóviles más importantes del mundo, denunciaron despidos encubiertos y que existió la presión para aceptar las desvinculaciones sin que figuren oficialmente como tales.
El conflicto se produce en la planta ubicada en el barrio Santa Isabel, provincia de Córdoba, tras la salida de 300 trabajadores, en el marco de lo que la empresa califica como “acuerdos de parte” o “retiros voluntarios”. Según relataron los empleados despedidos a medios locales, desde el jueves pasado comenzaron a ser convocados por la administración, donde se les ofrecía elegir entre un despido directo o un supuesto “acuerdo económico”. “Nos obligaron a firmar; no era una opción real. Querían limpiar personal con antigüedad y reemplazarnos por contratados más baratos”, denunció uno de los trabajadores cesanteados.
Si bien la empresa francesa reconoció las salidas, sostuvo que todas se concretaron “con acuerdo de las partes” y que la medida responde al reordenamiento productivo tras el final de la fabricación de la Nissan Frontier, modelo que compartía línea con la Renault Alaskan. La compañía señaló que busca concentrar su producción en segmentos específicos y que proyecta, hacia 2026, centrarse en un utilitario pequeño fabricado en la planta cordobesa.
En cambio, los trabajadores advirtieron que los recortes afectaron a distintas áreas no necesariamente vinculadas a los modelos que se discontinuarán. De esta manera, aseguraron que la empresa estaría realizando una “depuración selectiva” para sustituir trabajadores de planta por contratados. “Con el sueldo de uno de nosotros pueden pagar tres contratados. Están bajando el costo humano”, explicaron.
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