La diputada provincial Natalia Dziakowski expresó su malestar por la situación que atraviesa el municipio de Bahía Blanca, al que el Estado nacional le exige cubrir costos millonarios por el mantenimiento y seguro de los puentes instalados por el Ejército Argentino luego de las inundaciones que afectaron a la ciudad.
“Lo que se le está cobrando al municipio es el mantenimiento y el seguro de los puentes que quedaron tras la inundación, que son dos muy necesarios para poder transitar la ciudad. Pasados seis meses, se empieza a cobrar una logística y un seguro que ascienden a 43 millones de pesos trimestrales por los dos puentes”, explicó Dziakowski en diálogo con Radio Realpolitik FM.
La legisladora calificó la situación como “insólita” y cuestionó duramente al Estado nacional: “Me indigna porque el municipio tiene recursos escasos: la coparticipación nacional no llega como corresponde, las tasas bajaron por la incapacidad de los vecinos de pagar y tampoco hay obras nacionales ni provinciales suficientes. Además, de los 200 millones prometidos para subsidios tras la inundación, solo llegaron 100 a Bahía Blanca, y todavía hay vecinos que no los cobraron”.
Dziakowski subrayó la relevancia de los puentes para la conectividad urbana y el funcionamiento cotidiano de la ciudad: “Bahía Blanca está atravesada por el canal Maldonado. Algunos puentes se derrumbaron, otros se pudieron reconstruir, y estos dos puentes del Ejército Argentino conectan zonas esenciales de la ciudad. No es un lujo, es una necesidad, pero no debería pagar el municipio, debería hacerlo el Estado nacional”.
Respecto a la postura del Ministerio de Defensa, la diputada indicó que desde la cartera argumentan que no se trata de un alquiler sino de un cobro por mantenimiento, logística y seguro. “Aun así, corresponde en absoluto que el municipio pague; es insólito”, reiteró.
Finalmente, la legisladora adelantó que ya presentó un proyecto de repudio en la Cámara de Diputados bonaerense y que está trabajando junto a legisladores nacionales para revertir la situación. “La presión pública puede generar que el Estado tome conciencia, porque los vecinos de Bahía Blanca no pueden seguir asumiendo estos costos mientras esperan subsidios y ayudas que aún no llegan”, concluyó.
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