Desde las bancas de Christian Castillo (PTS) y Alejandro Vilca (PTS) propusieron una declaración de rechazo al cierre del hospital Naval en Coronel Rosales que ya sumó los apoyos de las bancas del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano (IS), Vilma Ripoll (MST) y Mercedes de Mendieta (IS). El apoyo de diputados, legisladores, centros de estudiantes, sindicatos y referentes del movimiento de mujeres y derechos humanos es fundamental para visibilizar la emergencia sanitaria y laboral de la zona, rodeando de solidaridad la lucha.
El Hospital Naval Puerto Belgrano, en Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires, está a punto de convertirse en otra víctima del ajuste y la desidia estatal. A partir del 1 de diciembre, dejará de funcionar como centro de alta complejidad: cierran terapia intensiva, quirófano y varias salas clave. El 30 de noviembre será el último día para recibir cualquier emergencia de la zona, dejando a la comunidad local y a ciudades como Punta Alta y Bahía Blanca sin atención médica de alta complejidad. ¿La alternativa? Ninguna: quienes necesiten respirador, terapia o cirugía urgente quedarán a la deriva, víctimas directas de una política que prioriza el ajuste por sobre la vida.
Detrás de esta decisión hay más de 300 trabajadores y trabajadoras que hoy cobran sueldos que no llegan a cubrir la canasta básica (alrededor de 400.000 pesos), con contratos renovables cada tres meses. El famoso pase a planta permanente prometido en 2023 por Jorge Taiana, quien encabezó la lista del Frente Patria en las últimas elecciones, quedó en la nada. Ahora, no sólo peligra la salud de miles, sino también el futuro de cientos de familias que sostienen el hospital todos los días. Incluso los puestos de mantenimiento están en riesgo: la precarización manda, y el ajuste la ordena.
El ajuste, el vaciamiento y el negocio
Este cierre es un capítulo más de la novela que ya conocemos: ajuste, vaciamiento, privatización encubierta y negocio para unos pocos. El desfinanciamiento de IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas) sumado al recorte presupuestario nacional empujaron al hospital al borde del colapso. Mientras tanto, la auditoría en curso vacía la obra social, pero los afiliados siguen pagando mes a mes y algunos hospitales de la zona se niegan a atender mediante esa obra social, como pasó con el Hospital Italiano de Bahía Blanca. A los afiliados de IOSFA ya les suspendieron turnos, operaciones y estudios, sólo atienden urgencias y nadie se hace cargo.
No es casualidad que el recorte a salud y educación se justifique con el verso del “equilibrio fiscal” y el pago de la deuda, mientras el Estado se gasta 120 millones de pesos en ejercicios militares conjuntos con EE.UU. en la Base Belgrano. La privatización avanza también con la caída de FUSANA (la fundación que pagaba un plus a médicos y anestesistas): si ese incentivo no aparece, los profesionales ya dijeron que se van. Ahora se negocia que una gerenciadora privada lo pague, síntoma de que el negocio con la salud está a la vuelta de la esquina.
El hospital tiene equipamiento de punta (resonador, tomógrafo, incluso uno para obesidad mórbida único en la región), pero nunca se avanzó en abrirlo a la comunidad bajo gestión de sus trabajadores. Las propuestas para integrarlo a la red pública de la zona y garantizar acceso para todas las obras sociales quedaron archivadas. Gestionar para la comunidad no es negocio para los capitalistas, ni para los burócratas.
Reclamos, denuncias y organización
Frente a este ataque, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un amparo colectivo contra IOSFA y el Ministerio de Defensa, denunciando el vaciamiento de la cobertura médica para más de 60.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires. El amparo exige restablecer la cobertura integral y el acceso a medicamentos esenciales como oncológicos, insulina y tratamientos para el VIH. La denuncia es clara: el Ministerio de Defensa mira para otro lado mientras el sistema de salud se paraliza. El impacto no es sólo local: afecta a miles en toda la región.
El trasfondo es la política nacional de ajuste y desguace sanitario, que no empezó con Milei. El combo del ataque incluye salarios por debajo de la canasta, contratos basura, persecución a quienes luchan y el avance de la mercantilización de la salud pública: es el mismo libreto que aplicaron todos los gobiernos, ahora recargado.
Hay que exigir la reincorporación de todos los despedidos y el pase a planta permanente de quienes sostienen el sistema de salud. La unidad en las calles y la organización desde abajo son el primer paso para enfrentar cada recorte y cada despido.
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