La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) suma cuestionamientos políticos, reclamos gremiales, denuncias judiciales y testimonios de afiliados que describen un deterioro sostenido en las prestaciones. Demoras en turnos, cortes de servicios, tratamientos interrumpidos y conflictos con prestadores conforman un escenario que, según dirigentes opositores y organizaciones, afecta a más de dos millones de bonaerenses.
En las últimas semanas, el tema volvió al centro del debate público en medio de la interna del peronismo bonaerense y de la agenda política del gobierno de Axel Kicillof. Desde la oposición cuestionan que la administración provincial priorice discusiones partidarias mientras, aseguran, se profundizan problemas estructurales en áreas sensibles como la salud.
El Instituto, conducido por Homero Giles, enfrenta denuncias por demoras prolongadas en autorizaciones, falta de cobertura de medicamentos y deudas con profesionales y centros de atención, lo que en varios distritos derivó en la suspensión o limitación de prestaciones.
Prestaciones interrumpidas y reclamos en toda la provincia
Los cuestionamientos no provienen solo del ámbito político. Afiliados, gremios y organizaciones vienen señalando dificultades crecientes para acceder a la atención.
La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) declaró en diciembre la “emergencia salarial” y describió una “grave situación” en el funcionamiento de la obra social, con demoras en autorizaciones, suspensión de prácticas y servicios deficitarios en ciudades como Mar del Plata. Según el gremio, los policonsultorios que sostienen en Mar del Plata y Tigre funcionan como red de contención ante el colapso, aunque arrastran una deuda “enorme” que el IOMA y A.C.E.A.P. mantienen desde hace meses.
En el interior bonaerense, la Juventud de la UCR de la Cuarta Sección advirtió sobre un “marcado abandono” del sistema de salud provincial. En un documento difundido tras un plenario, señalaron: “Demoras, rechazos y excesivos trámites burocráticos continúan dejando desprotegidos a los pacientes en los momentos más críticos. En paralelo, hospitales provinciales hacen malabares frente a faltas de insumos y bajos salarios”.
El impacto también alcanza a los municipios. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, explicó que cuando la obra social no cubre determinadas prestaciones, “los vecinos recurren al sistema público local en busca de respuestas”.
El deterioro prestacional se agravó a fines de 2024, cuando el conflicto con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) dejó a más de veinte municipios sin cobertura. En ese contexto, muchos afiliados denunciaron que, pese a los descuentos mensuales, deben pagar consultas particulares o contratar una segunda cobertura. La entonces senadora provincial, Yamila Alonso, remarcaba a este medio: “Son los afiliados los que quedan de rehenes y los que sufren las consecuencias porque les vulneran el derecho a la salud”.
Por su parte, el diputado de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, advirtió que los reclamos “son constantes y angustian” y sostuvo: “Cortes de prestaciones, turnos postergados, cirugías demoradas y cortes de servicio no son un problema administrativo: son un problema de salud y de derechos”.
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