
El Gobierno nacional se comprometió a transferir fondos complementarios a las empresas de transporte automotor de pasajeros que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta semana, con el objetivo de saldar deudas pendientes y normalizar el servicio, que sufrió una reducción de frecuencias en las últimas semanas.
La decisión fue anunciada tras una reunión entre autoridades de la Secretaría de Transporte y representantes de las cinco cámaras empresarias del sector, en la que se analizaron las dificultades financieras que atraviesan las compañías, principalmente por el aumento del precio del gasoil y la demora en el pago de subsidios.
Según fuentes oficiales, los fondos permitirán regularizar las cuentas de las empresas y recuperar los niveles de frecuencia, lo que ha generado malestar entre los usuarios por las largas colas y demoras en las paradas. Desde el sector empresarial, se estima que la deuda total ronda los $128.000 millones, incluyendo compromisos vinculados al atributo social. Hasta el momento, se han concretado pagos y compromisos por $86.000 millones, pero quedan pendientes unos $55.000 millones correspondientes a períodos anteriores.
Además del giro de fondos, las partes acordaron mantener una mesa de trabajo conjunta en los próximos 15 días para avanzar en la reestructuración del sistema de transporte, reducir costos operativos y evaluar medidas como la implementación de un mecanismo que compense automáticamente los aumentos del combustible y la posible modificación de la tarifa.
Desde la Secretaría de Transporte destacaron que el plan de acción busca “garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda” y “establecer lineamientos concretos para la reorganización del sistema a corto plazo”. Por su parte, los representantes de las empresas señalaron que el pago permitirá mejorar la situación, aunque advirtieron que todavía se encuentra “lejos del ideal” y que es necesario regularizar los pagos de forma permanente para evitar nuevas crisis.
La medida llega en un contexto en el que el transporte público es fundamental para la movilidad de millones de personas en el AMBA, y cualquier alteración en su funcionamiento tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los usuarios y en la actividad económica de la región.






