La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza hacia la definición de nuevas medidas de fuerza frente a la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, tras la publicación del decreto 407/2026. La conducción de la central obrera confirmó que su Consejo Directivo se reunirá la próxima semana para analizar la situación y decidir si se concreta un nuevo paro general, una medida que no se activaba desde hace más de un año en el escenario político y social del país.
Desde la cúpula de la CGT, las críticas al nuevo marco normativo son contundentes. Dirigentes sindicales sostienen que la reglamentación aprobada responde a una estrategia diseñada para “desfinanciar a los sindicatos”, al limitar los recursos que estas organizaciones recaudan y gestionan para el funcionamiento de sus estructuras, la atención a sus afiliados y el desarrollo de actividades de defensa de los derechos laborales. Según su visión, esta modificación no es un ajuste administrativo, sino un ataque directo a la capacidad de representación de los trabajadores.
Además de la afectación a la organización gremial, la central obrera alertó sobre el impacto económico y social que, a su juicio, ha generado el conjunto de políticas implementadas por el Gobierno desde que asumió en diciembre de 2023. Según los datos que maneja la CGT, en este periodo se han perdido alrededor de 300 mil puestos de trabajo en todo el territorio nacional, mientras que unas 24 mil empresas han cerrado sus puertas, principalmente pequeñas y medianas empresas, sectores que consideran los más afectados por las medidas de ajuste y cambios en las reglas de contratación.
“La reforma laboral y su reglamentación no buscan mejorar el empleo, sino precarizarlo y debilitar a quienes defienden los derechos de los trabajadores”, señaló un representante de la conducción nacional, al explicar el motivo de la convocatoria a la reunión del Consejo Directivo. En ese encuentro, se evaluará también la posibilidad de sumar otras acciones, como movilizaciones o reuniones con otros sectores sociales, para ampliar la respuesta frente a lo que califican como una transformación estructural negativa para la clase trabajadora.
Por su parte, desde el Poder Ejecutivo han defendido el decreto 407/2026 y la reforma laboral en general, argumentando que se trata de medidas necesarias para dinamizar la economía, reducir los costos que pesan sobre las empresas y fomentar la creación de empleo formal. Afirman que las modificaciones buscan adaptar la normativa laboral a las necesidades actuales del mercado y eliminar trabas que, según su visión, frenan la inversión y el crecimiento.
La decisión definitiva sobre el paro general se conocerá tras la reunión de la próxima semana, un encuentro que se perfila como clave para definir la estrategia de la principal central sindical del país en lo que resta del año. Mientras tanto, la tensión entre el Gobierno y los gremios se mantiene en aumento, con dos visiones opuestas sobre el rumbo de las políticas laborales y su impacto en la economía y la sociedad argentina.
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