
En pleno boom exportador, el gobierno entrega la concesión del tren de cargas que atraviesa 16 provincias por 50 años y con prórrogas atadas a una renegociación contractual. La venta del material rodante será definitiva. Un informe revela la enorme inversión estatal que se pierde y el riesgo para 100 mil personas que viven al costado de las vías.
El plazo de concesión es más largo, el material rodante se vende en lugar de entregarse en concesión, la inversión privada se subsidia con recursos públicos y el marco legal blinda a las adjudicatarias frente a cualquier reclamo estatal. La privatización del estratégico ferrocarril Belgrano Cargas que Javier Milei está a punto de concretar se extiende por 50 años, hasta 2076. Además, entrega a precio de remate y de por vida el material rodante, las locomotoras y los vagones de un tren que atraviesa 16 provincias.
Sin debate de ningún tipo, el gobierno de La Libertad Avanza está cerrando un negocio fenomenal que acaba de recibir profundos cuestionamientos en un informe exhaustivo de un grupo de especialistas. Aunque el presidente y su ministro de Economía lo presentan como un hito, el hallazgo central del informe es que la operación está diseñada para subsidiar al sector privado que se va a quedar con el Belgrano Cargas con la venta de los propios bienes de la empresa. La conclusión: Milei está llevando adelante un experimento más audaz y destructivo que el de Carlos Menem en un rubro estrategico para una economía que exporta por 100 mil millones de dólares al año.
Belgrano Cargas y Logística es la compañía estatal que opera 7571 kilómetros de vías en 16 provincias y cumple un papel cada vez más importante para la economía argentina. Durante 2025, transportó casi 7 millones de toneladas, el 32,9 % de todo lo que mueve el sistema ferroviario de cargas del país. El 48,6% de las cargas estuvo compuesto por granos; el 16,1% por minerales y materiales de construcción; el 9,4%, por aceites y subproductos agrarios; y el 3,2%, por maderas.
Ese porcentaje es el resultado de una década de inversión pública: entre 2013 -cuando fue creada la empresa- y 2025, el estado nacional volcó USD 3.478 millones en la empresa, financiados mayoritariamente por créditos del China Development Bank y el ICBC. A pesos constantes de julio de 2026 son unos 5,5 billones de pesos. Se trata de acuerdos que se concretaron durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que fueron desembolsados en gran medida durante el período 2016-2019.
Reveladores del momento histórico, los datos surgen de “Argentina frente a una nueva privatización de sus ferrocarriles: 17 preguntas y respuestas sobre la entrega del Belgrano Cargas”, un estudio que elaboraron Facundo Frey, Pablo Páez, Bruno Giormenti Moravec y Nicolás Inda para la Fundación para el Desarrollo Humano Integral.
En base al análisis de los pliegos, los datos oficiales y la historia reciente, el informe plantea que el proceso en curso bajo Milei es más profundo que el de los años noventa. “Hoy BCyL, dicen los autores del trabajo, cuenta con una estructura que le permite aumentar enormemente su carga, como reconoce el propio gobierno en los balances que presenta y con los que -paradójicamente- intenta justificar su privatización”. A diferencia de la infraestructura, la operación o los talleres que el gobierno de la extrema derecha local pretende concesionar, las locomotoras y vagones de las distintas líneas que componen BCyL serán vendidos por remate.
El 19 de agosto de 2026 el Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación para concesionar por 50 años las vías e inmuebles de las líneas que componen la empresa. En la licitación compiten las cerealeras más grandes del planeta nucleadas en el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano y dos grupos de origen nacional, Techint y Roggio. El mexicano Grupo México Transportes decidió retirarse de la disputa y la cláusula que excluye a empresas controladas por estados soberanos dejó fuera a los capitales chinos, una preocupación que la embajada de Estados Unidos le hizo sentir a los Milei. Con la salida del grupo mexicano, el gobierno decidió en las últimas horas prorrogar hasta el 21 de diciembre la apertura de sobres que estaba prevista para el 11 de noviembre. Lo hizo a través de la resolución 1984 del ministerio de Economía.






