Con motivo de la construcción de Puerto Belgrano, llegaron a la zona de Punta Alta un importantísimo contingente de personas, en su mayoría inmigrantes, atraídos por la posibilidad de trabajo. Hasta 1900 arribarían y se instalarían en las inmediaciones del Puerto Militar alrededor de 2800 obreros, dando vida a un pequeño núcleo poblacional, cerca de la estación de ferrocarril, habilitada en septiembre de 1898.
Los obreros, hasta ese entonces, vivían en un campamento ubicado en Arroyo Pareja, ya que esta zona, gracias a un pequeño muelle existente, era apta para la comunicación por mar, la única posible antes de la llegada del tren.
Sin embargo, Luiggi había previsto que un tren conectara Bahía Blanca con los obradores y con la zona de Baterías. La compañía inglesa Ferrocarril del Sud rápidamente extendió sus vías desde Grümbein hasta el lugar de emplazamiento de los cañones de defensa. El ferrocarril era el medio más rápido y eficaz para sortear el difícil terreno lleno de dunas, salitrales y cangrejales y ponía en contacto a esta zona con el resto del país a través de la amplia red ferroviaria.
El día 15 de junio de 1904 quedó constituida en el pueblo la Comisión Pro Terrenos de Punta Alta, integrada por varios vecinos que formaron una comisión.
Dicha comisión se encargó de gestionar ante el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Marcelino Ugarte, para ponerlo al tanto de los acontecimientos y solicitarle aplique la ley de expropiación, toda vez que el municipio de Bahía Blanca había rechazado entender en el asunto. En una extensa carta, firmada por más de 180 vecinos, explicaron detalladamente al gobernador cómo se fueron dando los hechos, desde el origen mismo del pueblo, la expropiación por parte del gobierno nacional y la posterior sanción de la ley provincial de expropiación. También explicaban cómo y cuándo se produjo la transferencia de la ley a la municipalidad de Bahía Blanca y su posterior rechazo, hecho que vino a coincidir con la aparición en escena del señor Francisco Nocito, en calidad de apoderado de la viuda de Bártoli, para proceder a la venta de los terrenos, pero con pretensiones tan desmedidas que obligaron a una gran cantidad de vecinos a organizarse y peticionar a la autoridad provincial. Solicitaban que el gobernador aplique la ley de expropiación, caso contrario no tendrían otra alternativa que abandonar las tierras, y disolver así el centro poblado, constituido por ese entonces por más de 2000 habitantes.
Por ello, cuando tuvieron oportunidad, los obreros se desplazaron lo más cerca posible de la estación y las vías del ferrocarril. Esa fue la causa por las que las viviendas se ubicaban a la vera de dos calles, una paralela a las vías, y la otra perpendicular a ésta: Progreso y Transvaal (hoy Colón y Bernardo de Irigoyen).
La población adoptó el nombre de la estación de tren, es decir, Punta Alta, pese a que Luiggi la había intentado bautizarla Uriburía.
Pueblo anárquico se lo llamaba, ya que cada cual edificaba su vivienda donde creía más conveniente, o donde el agua potable no costara mucho extraerla, puesto que el terreno estaba a disposición de todos. Sin embargo, pronto se presentaron grandes conflictos en torno a la posesión de las tierras.
Especulación, expropiación y litigio
Si bien puede decirse que la especulación de la tierra pública está muy relacionada a la historia económica argentina, probablemente en muy pocos lugares se produjo un fenómeno como el que se dio en las zonas aledañas al Puerto Militar. En efecto, las arenosas tierras, marismas y cangrejales y que hasta hace muy poco tenían escasísimo valor, fueron aumentando su precio vertiginosamente a medida que avanzaban las obras y el complejo portuario se volvía una realidad.
Estas tierras, desde tiempos inmemoriales, fueron muy poco frecuentadas por los aborígenes, quienes se asentaron fuera de la línea costera. Desde mediados del siglo XIX, tuvieron dueños legales. Fueron los grupos de militares que sirvieron en la Fortaleza Protectora Argentina (actual ciudad de Bahía blanca) y contribuyeron defenderla de grupos indígenas hostiles.
Uno de ellos fue Manuel Leyba (según la grafía de la época) y su esposa, Felipa Araque. Leyba, militar destinado hacia 1839 en el Fortín Colorado, posteriormente pasó a revistar en la Fortaleza Protectora Argentina con el grado de teniente coronel graduado, donde cumplió funciones de “Comandante Interino”, en 1852. Al finalizar sus servicios, Leyba pidió la baja y tomó posesión de un campo para comenzar a desempeñar tareas rurales. Sus tierras fueron conocidas con el nombre de “el jagüel de Leyba”, debido a los jagüeles o aguadas que poseían. Doña Felipa, al enviudar, decidió instalar una pulpería y en 1867 vendió sus campos (con una superficie de más de 2300 hectáreas) a Luis Bártoli, de Buenos Aires.
Punta Alta en 1905.
Asimismo, las parcialidades aborígenes de Ancalao y Linares, en su condición de “indios amigos”, fueron recompensadas con tierras en la zona Punta Alta. Cuando ambos grupos a principios de la década de 1880 fueron erradicados del ejido bahiense, alegando razones de salubridad dado el brote de tifus desatado por ese tiempo, se radicaron en la zona conocida como Punta Alta. Los Ancalao se establecieron, entonces, en los campos próximos a lo que hoy es Ciudad Atlántida y Arroyo Pareja, en una “suerte de estancia” que le había sido otorgada a Francisco Ancalao en octubre de 1866. Los Linares hicieron lo propio en los parajes próximos a las actuales baterías de defensa. Allí permanecieron hasta que comenzaron las obras de construcción del Puerto Militar, cuando fueron desalojados sin reparos.
Hacia 1899 el gobierno nacional expropió las tierras, dividió los terrenos bajo jurisdicción federal y provincial y delimitó el perímetro de la zona militar. Pero fuera de esa área, más precisamente en las tierras donde se había levantado el pueblo de Punta Alta se originó una cuestión, ya que dichas tierras pertenecían a privados e incluso no estaba claro quiénes eran los legítimos propietarios. Con el fin de evitar conflictos y posibles desalojos, los legisladores provinciales Mariano J. Machado y Palacios presentaron, en agosto de 1901, un proyecto de ley a la legislatura por el cual se autorizaba al ejecutivo bonaerense a expropiar también los terrenos en los que estaba edificado el pueblo. Específicamente estipulaba la expropiación de 200 hectáreas, siendo su intención entregarlos a sus ocupantes al precio que le costase al gobierno. Aprobado este proyecto en diputados, fue defendido por el senador Tomás López Cabanillas en la cámara respectiva y convertido en ley en el mes de junio de 1902.Pero la operación estaba llena de obstáculos por lo que la provincia traspasó a la municipalidad de Bahía Blanca los derechos para realizar tal expropiación.
Más o menos para la misma época en que se sancionaba la citada ley, se presentaron en Punta Alta los señores Tomás Santa Coloma y Ramírez, para proceder a la venta de los terrenos donde se asentaba el pueblo. Lo hacían en calidad de apoderados del señor Miguel de la Barra, residente en la Capital Federal, quien afirmaba ser el propietario de las tierras. El hecho, claro está, causó preocupación entre los vecinos, ya que no sabían si entender con estos apoderados o aguardar a que el gobierno provincial o municipal realice la expropiación. Para complicar más la situación, los vecinos también tomaron conocimiento que la señora Josefa Díaz viuda de Bártoli afirmaba ser la legítima dueña de los campos y había iniciado un juicio a Miguel de la Barra para definir ante la justicia la cuestión. Esta señora, también domiciliada en la Capital Federal, según se sabe a través de la prensa local de la época, era la curadora de su hijo Roque Valerio Bártoli, a quien la justicia había declarado incapaz por su estado de demencia. Alegando justamente la incapacidad de su hijo, buscaba que sea rescindida la venta de las tierras realizada al señor de la Barra.
Aviso de Francisco Nocito en el periódico El Comercio, Bahía Blanca, 14 de junio de 1904.
La cuestión pareció quedar en suspenso, hasta que en 1904 se reinstaló el tema y volvió la intranquilidad al pueblo. En la edición del 18 de mayo de 1904 del diario bahiense El Comercio se leía:
“En la sesión de anteayer resolvió la municipalidad no aceptar la delegación propuesta por el gobierno provincial para llevar a cabo la expropiación de los terrenos de Punta Alta alegando como fundamento el estado del erario municipal, que no permite hacer frente a una operación de tal magnitud. De lamentar es, desde luego, que el proyecto de expropiación haya dormido larguísimo tiempo en la carpeta de la comisión de tierras mereciendo de ésta una indiferencia absoluta […]”.
En efecto, el 16 de mayo de 1904 la comuna bahiense se expidió rechazando la cesión provincial alegando que no estaba en condiciones financieras para hacer frente a una erogación de tal magnitud. En el pueblo se esperaba entonces que el gobierno provincial se haga cargo de la expropiación, pero a los pocos días más noticias agitaron el ambiente. A principios de junio llegaba a su término el juicio seguido por la señora Josefa Díaz viuda de Bártoli contra Miguel de la Barra sobre los terrenos de Punta Alta, en el que la justicia le concedió definitivamente la propiedad de los mismos. Seguidamente la viuda de Bártoli le otorgó un poder a Francisco Nocito para arreglar la venta de las parcelas a los vecinos.
Precios y condiciones de venta
Como apoderado de la viuda de Bártoli, el señor Francisco Nocito se ocupó inmediatamente de la venta de los terrenos. Habilitó en una vivienda de la calle Transvaal una oficina para tal fin, además de la suya propia, ubicada en la calle O`Higgins 55, de Bahía Blanca. Nocito afirmaba en la prensa local que los terrenos se vendían “bajo precios moderados y hasta beneficiosos” para los ocupantes y explicaba además, algunas cláusulas o condiciones de venta que demostraban “la buena voluntad de la propietaria”.
Dichas cláusulas establecían que, por ejemplo:
– no se cobraba suma alguna en concepto de alquiler por los años transcurridos de ocupación de los terrenos
– se entregaban los terrenos con el debido amojonamiento del lote respectivo, realizado por el agrimensor Leone
– se otorgaba un plazo para pagar, bajo el interés que cobraban los bancos a la fecha
– se reservaban los terrenos para plaza, escuelas y oficinas públicas, y se reconocía la propiedad del terreno que ocupaba la iglesia, en ese momento en construcción.
Con respecto a los precios establecidos por la viuda de Bártoli, se fijaron diferentes categorías, de acuerdo a la ubicación de las manzanas, siendo más caros aquellos terrenos que se hallaban más próximos a la avenida Progreso y a la estación de ferrocarril.
Fuente: Archivo histórico