En una sesión marcada por intensos debates, el Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó el pasado jueves, por mayoría, el proyecto de Decreto denominado “Golpe a la casta”, impulsado por el bloque de La Libertad Avanza. La iniciativa, que busca sancionar a los concejales que se aparten de su bloque de origen, ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre su legalidad y constitucionalidad.
El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Gómez, defendió el decreto argumentando que su objetivo es “priorizar el mandato de las urnas y la eficiencia del gasto público”. Según explicó, la medida establece que aquellos ediles que abandonen el bloque por el cual fueron elegidos perderán derechos de estructura administrativa y logística, incluyendo la pérdida de trato parlamentario, la eliminación de auxiliares de bloque y la restricción de espacio físico.
“No se reconocerá personería política individual a quienes abandonen su lista original”, reza uno de los puntos clave del decreto. Además, “se suprime la posibilidad de designar personal técnico o administrativo adicional para estos casos” y “no se asignarán oficinas ni dependencias exclusivas para nuevos bloques derivados de rupturas”.
Desde la Presidencia del HCD se aseguró que el proyecto contó con un “amplio respaldo de diversos sectores del arco político”, logrando una mayoría conformada por los votos positivos de los bloques de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Potencia, Juntos y el PRO. Sin embargo, los bloques de Bien Común y la UCR, que según Gómez desaprobaron la iniciativa, aclararon que en realidad se abstuvieron.
El concejal libertario Pablo Gómez reiteró que la medida “busca garantizar que la representación en el Concejo sea fiel a lo que el pueblo eligió en las urnas, evitando que las bancas sean utilizadas con fines personalistas tras los comicios”. Asimismo, afirmó que “la medida frena la multiplicación de erogaciones que genera cada división de bloque, protegiendo los recursos de los vecinos y reduciendo el costo de la estructura política local”.
“Este proyecto es un compromiso con el vecino de Coronel Rosales. La política debe dar el ejemplo: si se rompe con el mandato popular, el Estado no tiene por qué financiar esa fragmentación con más cargos ni más oficinas”, concluyó Gómez, subrayando la importancia de la rendición de cuentas y la austeridad en la gestión pública.
La aprobación de este decreto abre un nuevo capítulo en el debate sobre la disciplina partidaria y el uso de los recursos públicos en el ámbito legislativo, y se espera que continúe generando repercusiones en la política local.
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