En plena tensión tensión entre la Provincia y la Nación por el financiamiento de políticas alimentarias, la diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo de Axel Kicillof brinde precisiones sobre la situación del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria).
La iniciativa surge a partir de versiones que indicaban una posible suspensión del programa durante un período de hasta 90 días, particularmente entre mayo y julio. Si bien desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense desmintieron una interrupción y hablaron en cambio de un proceso de “reconfiguración o readecuación”, la incertidumbre generó inquietud en la comunidad educativa, especialmente en sectores donde la asistencia alimentaria resulta clave para garantizar la continuidad escolar.
En ese marco, Braga solicitó información detallada sobre el alcance de esta revisión, incluyendo los objetivos del rediseño, posibles cambios en la modalidad de entrega, criterios de segmentación de beneficiarios y la periodicidad de distribución de los módulos alimentarios. Además, reclamó conocer la cantidad total de personas alcanzadas por el programa y la composición concreta de los alimentos entregados.
“El programa MESA constituye un complemento esencial del Servicio Alimentario Escolar”, sostuvo la legisladora en los fundamentos del proyecto, al remarcar que la política no solo impacta en la nutrición de niños, niñas y adolescentes, sino también en sus trayectorias educativas.
El planteo opositor se da en paralelo a un nuevo cruce entre el gobierno bonaerense y la administración nacional por las responsabilidades en el financiamiento de la asistencia alimentaria. Mientras el ministro Andrés Larroque denunció deudas por parte de Nación, desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que tanto el SAE como el programa MESA corresponden a la órbita provincial.
La discusión se inscribe en un escenario más amplio: la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 38% de la población del país, lo que incrementa la presión sobre los programas sociales. Según datos oficiales, el Servicio Alimentario Escolar alcanza a más de 2,4 millones de estudiantes en más de 11.000 establecimientos educativos, mientras que el MESA funciona como complemento desde su creación durante la pandemia.
En términos presupuestarios, desde la Provincia advirtieron que los recursos asignados resultan insuficientes. Para 2025, el SAE recibió $77.523 millones frente a los más de $130.000 millones solicitados, y estiman que para sostener el sistema en 2026 serían necesarios unos $177.000 millones, muy por encima de la propuesta nacional.
Pese a ese escenario, el Gobierno bonaerense anunció recientemente modificaciones en la política alimentaria, que incluyen la duplicación del presupuesto destinado a municipios, un incremento del 30% en el SAE y una suba del 25% en programas sociales.
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