El oficial Alan Fabián Molina, de reciente egreso de la Policía Bonaerense y oriundo de Tres Arroyos, fue asesinado mientras patrullaba la zona de Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero. El hecho conmocionó a toda la comunidad y volvió a poner sobre la mesa la polémica por el traslado de agentes del interior a zonas de alto riesgo, mientras sus localidades de origen también reclaman mayor presencia policial.
Molina, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación, cumplía servicio a pie cuando recibió un disparo en la axila derecha —una zona no cubierta por el chaleco antibalas reglamentario—. Fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció poco después de ingresar con signos vitales nulos. El joven había egresado de la Escuela de Policía en febrero de este año y hacía poco tiempo había sido padre, dejando a un bebé y a su familia en una situación de dolor irreparable.
El caso expone una práctica cuestionada desde hace tiempo: agentes de ciudades del interior son destinados a zonas de alta conflictividad del conurbano, a cientos de kilómetros de sus hogares. En el caso de Alan, debía recorrer unos 500 kilómetros para llegar a su puesto en Caseros. Al mismo tiempo, en Tres Arroyos se registran desde lo que va de 2026 múltiples hechos delictivos: robos agravados, asaltos a viviendas y comercios, sustracción de vehículos, comercialización de drogas, hechos de violencia de género y delitos en el ámbito rural, entre otros.
Distintos sectores reclaman revisar los criterios de asignación de destinos, especialmente para agentes recién recibidos, y advierten que el interior bonaerense también requiere refuerzos de seguridad, sin necesidad de desarraigar a los efectivos de sus lugares de origen. Las decisiones sobre los destinos del personal dependen del Ministerio de Seguridad y de la jefatura de la fuerza.
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