El presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales cuestionó públicamente los recortes del Gobierno nacional sobre IOSFA y prometió acompañar a los trabajadores. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la postura inicial de su propio bloque, que no acompañó una iniciativa legislativa en respaldo al reclamo. La pregunta es inevitable: ¿por qué la defensa de los trabajadores aparece con tanta contundencia cuando el conflicto ya estalló en las calles?
La crisis que atraviesa la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOSFA, no solamente amenaza fuentes de trabajo y servicios esenciales para miles de afiliados de Coronel Rosales. También comienza a dejar al descubierto las contradicciones políticas de quienes, desde sus responsabilidades institucionales, deberían haber actuado con firmeza desde el primer momento.
En el centro de la polémica aparece el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Pablo “Papu” Gómez, referente local de La Libertad Avanza, quien recientemente manifestó su rechazo a la forma en que el Gobierno nacional de Javier Milei está ejecutando el ajuste sobre la estructura sanitaria de IOSFA.
Sus declaraciones fueron contundentes:
“Hay que reducir el Estado, pero no de esta manera”.
Y agregó otra afirmación que merece especial atención:
“No es lo mismo un achicamiento del Estado en La Matanza que en Rosales”.
Pero detrás de estas expresiones surge una contradicción política que no puede pasar inadvertida.
Del rechazo legislativo al respaldo público: ¿qué cambió?
Según la información periodística difundida sobre el tratamiento del conflicto, hace aproximadamente tres semanas, cuando el Concejo Deliberante abordó una iniciativa destinada a respaldar el reclamo de los trabajadores, el bloque de La Libertad Avanza no acompañó la propuesta.
Posteriormente, cuando el conflicto adquirió mayor dimensión pública y los trabajadores se hicieron presentes en el recinto, los concejales libertarios modificaron su postura y acompañaron el reclamo.
Este antecedente plantea un interrogante político central: ¿por qué no acompañaron desde el principio un reclamo que hoy consideran tan importante?
No alcanza con salir ante los medios de comunicación a manifestar preocupación cuando previamente existieron oportunidades institucionales para expresar ese acompañamiento.
La función de un concejal no consiste únicamente en formular declaraciones públicas. También implica ejercer el control político, solicitar explicaciones y utilizar las herramientas legislativas disponibles para defender los intereses de la comunidad.
Por eso resulta fundamental que Gómez explique cuál fue el criterio que llevó a su espacio a no respaldar inicialmente la iniciativa y qué circunstancias motivaron el posterior cambio de posición.
Porque en política, las palabras tienen valor, pero las votaciones dejan constancia de las decisiones.
Un ajuste que afecta a 83 trabajadores y pone en alerta a miles de afiliados
La magnitud del problema excede ampliamente cualquier discusión partidaria.
Según la información difundida por ATE y medios regionales, 83 puestos de trabajo se encuentran comprometidos en Punta Alta y Puerto Belgrano, distribuidos entre las farmacias, el policonsultorio y la delegación de la obra social.
El cierre de dependencias está previsto para el 30 de noviembre de 2026 y ya comenzaron a llegar notificaciones de desvinculación laboral.
A esto se suma un dato que dimensiona la gravedad de la situación: según ATE, alrededor de 42.000 personas están afiliadas a IOSFA en el distrito.
Estamos hablando de trabajadores, jubilados, personal militar, familias y pacientes que necesitan respuestas concretas sobre la continuidad de sus medicamentos, tratamientos y prestaciones.
No se trata simplemente de eliminar dependencias administrativas.
Se trata de puestos de trabajo, de familias que dependen de un salario y de una comunidad cuya estructura sanitaria está profundamente vinculada a la Base Naval Puerto Belgrano.
¿El ajuste es cuestionable solamente cuando afecta a Coronel Rosales?
Una de las declaraciones más polémicas de Gómez fue precisamente su comparación entre La Matanza y Coronel Rosales.
Es cierto que nuestro distrito presenta características particulares por su histórica dependencia económica, laboral y social de la actividad naval y militar.
Pero esa realidad no debería convertirse en un argumento para establecer diferencias en la defensa de derechos fundamentales.
¿Acaso un trabajador despedido en La Matanza merece menos consideración que uno despedido en Punta Alta? ¿El ajuste solamente se vuelve injusto cuando perjudica al propio electorado?
El problema no debería reducirse a dónde se aplica el recorte, sino a sus consecuencias, su legalidad y la responsabilidad del Estado de garantizar servicios esenciales.
La defensa del empleo y del acceso a la salud requiere coherencia, independientemente de la localidad afectada o del signo político del gobierno que impulsa las medidas.
Gómez promete viajar a Buenos Aires, pero las explicaciones también deben darse en Punta Alta
El presidente del Concejo Deliberante anunció que viajará a Buenos Aires para gestionar una solución ante las autoridades nacionales.
Su compromiso fue expresado de manera categórica:
“Solucionar esto o morir en el intento”.
El 5 de noviembre, trabajadores de IOSFA entregaron un petitorio a concejales de La Libertad Avanza, reclamando certezas sobre su continuidad laboral y el funcionamiento de las dependencias.
La voluntad de gestionar es bienvenida, pero no puede convertirse en un sustituto de la rendición de cuentas.
Gómez tiene la responsabilidad política de explicar por qué su bloque no acompañó inicialmente el reclamo y qué acciones concretas impulsará para evitar que las familias afectadas pierdan sus ingresos.
También corresponde esclarecer qué postura adoptó cada concejal frente a las iniciativas de pedidos de informes vinculadas con IOSFA. Para establecer responsabilidades individuales resulta necesario examinar las actas y votaciones oficiales del cuerpo deliberativo.
No se puede reclamar transparencia al Gobierno nacional sin ofrecer la misma transparencia ante los vecinos de Coronel Rosales.
La lealtad partidaria frente a la responsabilidad institucional
Pablo Gómez representa políticamente al espacio que conduce el presidente Javier Milei.
Eso no constituye una falta ni un impedimento para defender los intereses de Punta Alta.
Sin embargo, la pertenencia partidaria tampoco puede transformarse en una justificación para mantener silencio, demorar respuestas o acompañar un reclamo solamente cuando el costo político de no hacerlo se vuelve demasiado alto.
Los dirigentes locales de La Libertad Avanza tienen derecho a respaldar el programa de reducción del Estado que propone su gobierno.
Pero también tienen la obligación de explicar cómo compatibilizan esa posición con las necesidades concretas de un distrito donde la actividad estatal vinculada a las Fuerzas Armadas representa una parte fundamental de la vida económica y social.
Defender a Coronel Rosales exige algo más que diferenciarse discursivamente de las decisiones tomadas en Buenos Aires. Exige decisiones políticas verificables, gestiones documentadas y resultados.
Una comunidad que merece respuestas, no contradicciones
Mientras se desarrolla esta controversia, los trabajadores de IOSFA continúan enfrentando la incertidumbre sobre su futuro y miles de afiliados se preguntan cómo accederán a las prestaciones sanitarias que necesitan.
El conflicto no admite especulaciones ni disputas destinadas únicamente a obtener rédito político.
Las autoridades nacionales deben explicar cómo garantizarán la continuidad de los servicios y qué sucederá con el personal alcanzado por la reestructuración.
Y los representantes locales deben demostrar, mediante sus decisiones institucionales, que realmente están dispuestos a defender a los vecinos.
La pregunta que queda planteada al presidente del Concejo Deliberante es sencilla, pero políticamente incómoda:
¿Qué cambió entre el momento en que su bloque no acompañó el reclamo y el momento en que decidió presentarse públicamente como defensor de los trabajadores de IOSFA?
Porque no alcanza con cuestionar las consecuencias de una política cuando esas consecuencias comienzan a generar rechazo social.
La coherencia se demuestra especialmente cuando defender a la comunidad implica cuestionar las decisiones del propio gobierno.
Reflexión editorial de Panorama Digital
En Coronel Rosales no hacen falta discursos grandilocuentes ni promesas de sacrificio político.
Hacen falta respuestas.
Los trabajadores necesitan conservar sus fuentes laborales. Los afiliados necesitan garantías de atención. Las familias necesitan tranquilidad.
Y los vecinos tienen derecho a saber quiénes estuvieron dispuestos a defenderlos desde el primer momento y quiénes modificaron su posición cuando el conflicto adquirió mayor repercusión pública.
Pablo “Papu” Gómez tiene hoy la oportunidad de demostrar que sus declaraciones no son solamente un intento de tomar distancia de una medida impopular impulsada por el gobierno al que representa.
Para hacerlo, deberá respaldar sus palabras con hechos y explicar las posiciones asumidas por su bloque dentro del Concejo Deliberante.
Porque cuando están en juego 83 puestos de trabajo y la atención sanitaria de miles de vecinos, la discusión deja de ser una cuestión de imagen política.
La defensa de Coronel Rosales no puede depender de las encuestas, de la repercusión mediática ni de la conveniencia partidaria.
Y hay algo que los funcionarios deberían comprender: la memoria de una comunidad no se construye solamente con lo que sus dirigentes dicen frente a un micrófono, sino también con lo que hacen —o dejan de hacer— cuando tienen que votar.
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