
La Libertad Avanza de Coronel Rosales debe explicar qué hizo con el compromiso asumido ante los trabajadores. Porque recibir un reclamo no equivale a resolverlo.
“Nos mintieron y defraudaron”. La frase pertenece al extrabajador de IOSFA cuyo testimonio fue atribuido a Punta Noticias en el informe recibido. Es una acusación que expresa su decepción; no demuestra por sí sola un engaño deliberado. Pero plantea una pregunta que Pablo “Papu” Gómez y los concejales libertarios deberían responder públicamente: ¿qué pasó después de las palmadas en el hombro?
El compromiso público existió. En una cobertura del 5 de noviembre, Gómez anunció acompañamiento y gestiones ante organismos nacionales para buscar una salida al conflicto. Su condición de presidente del Concejo Deliberante está consignada en la página oficial del cuerpo.
Ahora bien: cuando se promete golpear todas las puertas, después corresponde explicar cuáles se golpearon, quién atendió y qué respondió. La épica del anuncio dura unos minutos. La incertidumbre de una familia sigue cuando se apagan los micrófonos.
Según el testimonio aportado, el extrabajador asegura que no recibió respuestas y que desconoce incluso si se concretaron los viajes anunciados. Eso no permite afirmar que no hubo gestiones. Sí exige que quienes las prometieron las documenten y comuniquen.
Porque una gestión pública no puede funcionar como un acto de fe: “Crean en nosotros, estamos haciendo cosas”. Fe se puede pedir en una iglesia. En una institución se rinden cuentas.
Gómez y su bloque enfrentan una responsabilidad política incómoda: pertenecen al espacio que gobierna la Nación y, al mismo tiempo, deben representar a los vecinos afectados por sus decisiones. Esa tensión se resuelve dando explicaciones, reclamando ante quienes corresponda y mostrando lo actuado.
La cercanía partidaria debería servir para conseguir interlocutores y respuestas. De lo contrario, cabe preguntar para qué sirve exhibir llegada al poder si, cuando un vecino necesita ayuda, termina esperando frente a la misma puerta cerrada.
Tampoco alcanza con que el presidente del Concejo concentre las declaraciones. Los demás integrantes del bloque tienen voz, voto y responsabilidad propia. Una banca no es un asiento de acompañante. Cada concejal debe poder explicar qué hizo, qué solicitó y qué respuesta obtuvo.
Nadie puede exigirles que garanticen una decisión que depende de autoridades nacionales. Pero sí puede exigirles honestidad sobre sus posibilidades, precisión sobre sus compromisos y transparencia sobre sus resultados. Si encontraron una negativa, que la informen. Si una reunión sigue pendiente, que lo digan. Si consiguieron avances, que los muestren.
Lo políticamente inadmisible sería dejar que una promesa contundente se convierta en una espera sin información.
El testimonio recibido deja una señal de alarma: alguien que salió de aquella reunión con expectativas hoy dice sentirse defraudado. Descalificar su malestar no resolvería nada. Responder con hechos sería bastante más útil.
Papu Gómez y La Libertad Avanza de Coronel Rosales tienen una oportunidad concreta para despejar las dudas: presentar un detalle público de las gestiones, sus fechas, sus interlocutores y sus resultados.
Porque el trabajo de un representante empieza mucho antes de la foto y continúa mucho después del abrazo.
Y porque las palmadas en la espalda podrán aliviar un momento, pero no pagan las cuentas ni garantizan un puesto de trabajo.





