Con el aval de su presidente, el puntaltense Daniel Acuña, la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA) junto a la red de federaciones y cámaras de comercio de proximidad de la provincia de Buenos Aires presentó un documento formal ante el Senado provincial, en el que expresa su “profunda preocupación” por iniciativas legislativas que buscan derogar o modificar la Ley Nº 12.573, y solicitó una audiencia urgente para exponer los argumentos por los que consideran que esta normativa es indispensable para proteger el tejido económico y social de la provincia.
El escrito, titulado “Profunda preocupación ante la iniciativa de derogación de la Ley Nº 12.573 de Grandes Superficies Comerciales – Solicitud de Audiencia Urgente”, advierte que eliminar o flexibilizar la regulación actual no significaría fomentar la libre competencia, sino generar un escenario de desigualdad extrema que pondría en riesgo de cierre a miles de emprendimientos familiares, con consecuencias directas sobre el empleo, la producción local y la dinámica de los barrios.
Desde la entidad, remarcaron que el comercio de proximidad —integrado por almacenes, autoservicios, fiambrerías y pequeños negocios de barrio— constituye “el eslabón más vital, federal y equitativo de la cadena de consumo masivo”, y cumple funciones que van mucho más allá de la actividad económica.
En el documento detallan cuatro ejes centrales que sustentan su postura:
- Destrucción del empleo local: Destacan que este sector es el principal generador de puestos de trabajo por metro cuadrado y volumen de venta, incluyendo autoempleo y trabajo familiar. A diferencia de las grandes cadenas, cuyas ganancias se centralizan o se envían al exterior, las utilidades de los comercios de barrio se reinvierten en la misma comunidad, impulsando la recaudación municipal y el consumo regional.
- Rol de contención social: Señalan que el comerciante de cercanía es un actor fundamental en la vida vecinal. A través de prácticas como el tradicional “fiado”, sostiene el acceso a alimentos básicos de los sectores más vulnerables en momentos de crisis, una función de apoyo que las grandes superficies no cumplen.
- Defensa de las pymes y la producción local: La ley vigente, explican, funciona como un contrapeso necesario. Sin ella, la concentración de mercado permitiría a las grandes cadenas imponer condiciones abusivas a productores, cooperativas y pequeñas empresas de la provincia, poniendo en peligro la producción bonaerense.
- Seguridad e identidad urbana: Afirman que los barrios con comercios activos son espacios más transitados, iluminados y seguros. La llegada desregulada de grandes establecimientos genera desertificación comercial, abandono de los centros tradicionales y pérdida de identidad local.
Para la CGA y las cámaras que la acompañan, la normativa actual no prohíbe el desarrollo, sino que ordena la convivencia entre los distintos formatos comerciales, evitando la “canibalización del mercado” y protegiendo a largo plazo la libertad de elección de los consumidores, al prevenir la formación de monopolios que controlen los precios.
“Toda legislación debe proteger el tejido social y productivo que da vida a la provincia”, expresaron en el escrito, donde también manifiestan su voluntad de acercar informes técnicos y mantener un diálogo constructivo con los legisladores para que conozcan la realidad de quienes sostienen la economía en cada rincón de la provincia.
La entidad quedó a la espera de una respuesta inmediata por parte del Senado bonaerense para fijar la reunión solicitada y debatir el futuro de la regulación comercial en el territorio.
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