Lo que parecía un acto divino se convirtió en una pesadilla para Verónica Acosta, una mujer de Villa Mercedes, San Luis, que vio su vida cambiar de un día para el otro al recibir por error una transferencia bancaria de 510 millones de pesos.
Acosta esperaba una modesta cuota alimentaria de $8.000, pero al revisar su cuenta bancaria se encontró con una suma millonaria. Ante la sorpresa, y en medio de una situación económica precaria, no dudó: comenzó a gastar el dinero pensando que se trataba de un “milagro”.
“Me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios”, relató la mujer. En poco tiempo realizó 66 transferencias: compró una heladera, una freidora, un microondas, cerámicos, una mochila de inodoro y hasta un Ford Ka modelo 2014. También adquirió dos televisores, uno de ellos para una cuñada, y transfirió montos menores a familiares.
Pero la realidad era otra. El dinero provenía de una transferencia errónea del Gobierno de San Luis, producto de un error administrativo del contador provincial, que envió los fondos a la cuenta equivocada.
La situación se agravó cuando, sin aviso previo, la policía se presentó en su domicilio al mismo tiempo que una excuñada le compartía la noticia del error. Su cuenta fue congelada y Acosta quedó detenida, acusada de haber gastado fondos que no le pertenecían.
Su abogado, Hernán Echevarría, aseguró que su clienta nunca fue notificada oficialmente del error antes de ser arrestada. “Ella se entera por los medios y por un mensaje, mientras la policía ya estaba en la puerta de su casa”, explicó.
Ahora, la Justicia deberá determinar si hubo dolo en el accionar de Acosta o si, como sostiene su defensa, se trató de una confusión en medio de la necesidad. El caso reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado en errores administrativos y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante situaciones inesperadas.
