El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, ha presentado un proyecto de ley que busca implementar un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa pretende poner un freno a la creciente ola de alertas de bomba y falsas amenazas que perturban el normal desarrollo de las clases y generan un significativo despliegue de recursos estatales.
El legislador De Leo impulsa este proyecto como respuesta a la reiteración de incidentes que obligan a la evacuación de escuelas, provocando angustia en la comunidad educativa y la interrupción de la jornada escolar. Estas situaciones, además, demandan la movilización de importantes recursos policiales y de emergencia, generando un gasto considerable para el erario público.
La propuesta establece que quienes sean identificados como responsables de estas amenazas deberán hacerse cargo de los gastos derivados de la intervención de las fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia. El monto a ser reintegrado será determinado a través de un procedimiento administrativo que asegurará criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la fijación de las cifras.
Un aspecto clave de la iniciativa es que, en los casos donde los autores de las falsas amenazas sean menores de edad, la responsabilidad económica recaerá sobre sus padres, tutores o responsables legales, en concordancia con la normativa vigente. El proyecto garantiza un debido proceso, incluyendo la notificación fehaciente, el derecho a la defensa y un plazo para el pago voluntario, antes de que se habilite la vía de ejecución fiscal por parte de la Fiscalía de Estado.
Adicionalmente, el proyecto de ley contempla la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos. Esta herramienta busca sistematizar la información sobre estos eventos, lo que permitirá fortalecer las estrategias de prevención y abordaje de esta problemática.
“Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando”, afirmó el diputado De Leo en la fundamentación de su iniciativa, subrayando la importancia de esta medida para proteger el ámbito educativo y los recursos públicos.
El proyecto de ley de Andrés De Leo se presenta como una herramienta fundamental para desincentivar las falsas alarmas y asegurar que los responsables asuman las consecuencias económicas de sus actos, buscando así un ambiente escolar más seguro y libre de interrupciones innecesarias.
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