La situación financiera de la provincia de Buenos Aires genera creciente inquietud entre el sector empresarial, tras la presentación de un pedido de informes por parte del senador provincial Marcelo “Chuby” Leguizamón, quien busca conocer detalles precisos sobre la deuda flotante de la administración provincial y verificar si se evalúa cancelar obligaciones pendientes mediante la emisión o entrega de títulos públicos.
El legislador formalizó su solicitud ante los organismos competentes, con el objetivo de que el Ejecutivo provincial detalle el monto total acumulado de la deuda flotante —aquella generada por compromisos adquiridos y no abonados en los plazos establecidos—, desglose su composición por rubros y sectores, y brinde una respuesta clara sobre si se analiza la estrategia de utilizar instrumentos financieros públicos para saldar estas deudas con proveedores del Estado.
La medida responde a las numerosas señales de alerta que llegaron al ámbito legislativo: empresas de diversos tamaños y actividades que prestan bienes y servicios a la provincia reportan atrasos prolongados en el cobro de facturas ya aprobadas y liquidadas. Muchas de estas firmas son actores clave de la economía local, y advierten que la demora en los pagos afecta su capacidad de operación, el pago de sus propios empleados y proveedores, y en casos extremos, su continuidad en el mercado.
“La preocupación es generalizada”, señaló Leguizamón al presentar su iniciativa. “Es fundamental que la población y los sectores involucrados cuenten con información transparente y oficial. No se trata solo de saber cuánto se debe, sino también de entender qué mecanismos se están evaluando para regularizar la situación, especialmente si se trata de herramientas que podrían modificar las condiciones originales de pago pactadas”, agregó el senador.
Hasta el momento, desde el Gobierno bonaerense no hubo pronunciamiento oficial sobre el pedido de informes ni sobre las versiones que circulan acerca del uso de bonos como forma de cancelación. Las empresas proveedoras, por su parte, aguardan con expectativa la respuesta legislativa y advierten que cualquier cambio en la modalidad de pago podría tener consecuencias directas en la cadena de valor y en la dinámica económica de la provincia.
Especialistas en finanzas públicas señalan que el uso de títulos públicos para saldar deudas es una alternativa que algunas administraciones han utilizado en contextos de restricción de liquidez, pero que también implica riesgos: estos instrumentos suelen tener plazos de vencimiento, tasas de interés o condiciones de negociación que difieren del pago en efectivo, por lo que su impacto real para los acreedores puede ser menor al valor nominal de la deuda.
El expediente iniciado por Leguizamón pasa ahora a la instancia de análisis y requerimiento de datos, y se espera que en las próximas semanas el Gobierno deba responder con la información solicitada, para dar claridad a un escenario que hoy genera incertidumbre en todo el tejido productivo de la provincia.
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