Diputados y diputadas de Unión por la Patria presentaron este martes un proyecto de ley con el objetivo de dejar sin efecto la resolución del Gobierno nacional que eliminó las compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos que deben otorgar a personas con discapacidad. La iniciativa surge como respuesta a una medida que, según advierten los legisladores, pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales de este grupo de la población.
La normativa vigente establece que las personas con discapacidad tienen derecho a viajar sin costo en servicios de transporte público, una medida sostenida mediante subsidios estatales a las compañías operadoras. Sin embargo, la resolución oficial recientemente aprobada suprime estas compensaciones, lo que podría derivar en que las empresas dejen de cumplir con la obligación de brindar el beneficio o restrinjan su alcance.
Desde el bloque opositor señalaron que esta decisión afecta directamente el acceso a derechos esenciales. “Para muchas personas con discapacidad, el transporte de larga distancia es la única forma de llegar a centros de salud especializados, establecimientos educativos adaptados, lugares de trabajo o espacios de rehabilitación que no existen en sus localidades de origen”, explicaron en los fundamentos del proyecto. Agregaron que la eliminación del subsidio profundiza las desigualdades y limita la posibilidad de integrarse plenamente a la sociedad.
La propuesta presentada busca restablecer el sistema de compensaciones y garantizar que el beneficio de pasaje gratuito se mantenga sin modificaciones ni restricciones. Además, los legisladores impulsarán reuniones con representantes de organizaciones de personas con discapacidad y autoridades del área de Transporte para analizar alternativas que preserven este derecho, incluso en el marco de las políticas de ajuste fiscal que impulsa el Ejecutivo.
Por su parte, distintas organizaciones civiles ya manifestaron su apoyo a la iniciativa. En un comunicado conjunto, expresaron que “el derecho a la movilidad es una condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos” y pidieron al Congreso que dé tratamiento y aprobación rápida al proyecto.
El texto pasará ahora a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, donde se debatirá antes de llegar al recinto para su votación. Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no se han emitido declaraciones oficiales sobre el impacto social de la medida ni sobre la propuesta legislativa presentada para revertirla.
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