Por
Mauro David Roldán – Técnico Universitario en Seguridad Vial
Estudiante de la Licenciatura en Seguridad Pública
Asesor de la Fundación Estrellas Amarillas
Miembro de la Coalición Argentina de Movilidad Segura
Cuando ocurre un siniestro vial, solemos mirar primero la conducta de quien conducía. Preguntamos si respetó una señal, si circulaba a la velocidad permitida, si cedió el paso o si cometió una infracción. Es una mirada necesaria, porque cada persona que utiliza la vía pública tiene responsabilidades. Pero existe una pregunta anterior que pocas veces hacemos con la misma insistencia: ¿qué estamos haciendo como sociedad y como Estado para que un error humano no termine en una tragedia?
Esa pregunta es el punto de partida del concepto de Sistema Seguro, un enfoque que propone cambiar la manera en que pensamos la seguridad vial. No parte de suponer que las personas nunca se equivocarán. Por el contrario, reconoce que el error humano forma parte de la circulación cotidiana y plantea que el sistema debe estar preparado para evitar que ese error termine en una muerte o en una lesión grave.
Una persona puede distraerse durante unos segundos, calcular mal una distancia, no advertir a un peatón o ingresar a una esquina a una velocidad inadecuada. La pregunta no debería ser solamente por qué se equivocó, sino también por qué el entorno permitió que ese error tuviera consecuencias tan graves.
La infraestructura también educa
La infraestructura vial no es un elemento neutro. Una avenida amplia puede favorecer velocidades elevadas. Una esquina con poca visibilidad puede dificultar la detección de un peatón. Una senda peatonal poco visible puede no generar el nivel de alerta necesario. Una parada de transporte público mal ubicada puede exponer a quienes esperan, suben o bajan de un colectivo.
Por eso, diseñar y mantener una calle también significa diseñar las condiciones en las que las personas van a tomar decisiones.
No hace falta ir demasiado lejos para encontrar ejemplos. El estado de una calzada deteriorada, un bache, una iluminación deficiente o una señalización insuficiente pueden aumentar el riesgo, especialmente para motociclistas y ciclistas. La pregunta entonces es sencilla: ¿con qué información decidimos dónde intervenir primero?
Las decisiones de infraestructura no deberían depender únicamente del reclamo de un vecino o del problema que resulta más visible. Deberían apoyarse en información sobre dónde ocurren los siniestros, qué usuarios están involucrados, qué factores se repiten y qué intervención puede reducir el riesgo.
Aprender a percibir el peligro
Pero la infraestructura por sí sola tampoco alcanza. Necesitamos educación vial porque debemos aprender a percibir el riesgo antes de que ocurra el siniestro.
No alcanza con conocer una norma. Hay que comprender por qué existe y qué consecuencias puede tener incumplirla.
Quien conduce un automóvil enfrenta determinados riesgos. Quien circula en motocicleta tiene una vulnerabilidad mayor. El ciclista necesita condiciones que le permitan compartir la vía de manera segura. El peatón es el usuario más vulnerable. Y quien utiliza el transporte público también forma parte del sistema y enfrenta riesgos al trasladarse hasta una parada, esperar, subir, bajar o cruzar una calle.
Cada usuario tiene responsabilidades diferentes, pero todos necesitan un entorno que los proteja.
Por eso educación e infraestructura deben trabajar juntas. La educación enseña a reconocer el peligro; una infraestructura adecuada ayuda a hacerlo visible y reduce las consecuencias cuando se produce un error.
De la sanción a la prevención
Durante mucho tiempo, la política vial se concentró principalmente en el control y la sanción. Controlar es necesario. Las normas deben cumplirse y las conductas peligrosas deben tener consecuencias. Pero si nuestra única respuesta aparece después de que alguien incumple una norma, estamos llegando tarde.
Una política pública moderna debe trabajar antes: identificar puntos críticos, analizar datos, mejorar infraestructura, educar, capacitar, comunicar y controlar.
Esto requiere también cambiar la manera en que pensamos el presupuesto municipal.
Todavía existe la idea de que invertir en seguridad vial significa sumar un gasto. Pero deberíamos formular la pregunta al revés: ¿cuánto cuesta no prevenir?
Una mejora de infraestructura puede evitar un siniestro. Una correcta señalización puede anticipar un peligro. Una medida de reducción de velocidad puede disminuir la gravedad de un impacto. Una política de educación puede modificar una conducta.
Y cada siniestro evitado significa mucho más que un ahorro económico: significa menos personas heridas, menos presión sobre los servicios de emergencia y el sistema de salud y, fundamentalmente, una familia que no tiene que atravesar una tragedia que quizás podía haberse evitado.
Decidir con información
Para avanzar necesitamos información confiable. Un Observatorio Vial Municipal permitiría registrar, georreferenciar y analizar los siniestros para transformar esos datos en decisiones.
Saber dónde ocurren los hechos, qué tipo de usuarios están involucrados y qué factores se repiten permitiría establecer prioridades y evaluar si las intervenciones realmente funcionan.
La seguridad vial no comienza cuando llega una ambulancia ni cuando se coloca una multa. Comienza mucho antes: cuando decidimos cómo diseñar nuestras calles, cómo educar a nuestra comunidad, dónde invertir y cómo utilizar los datos para anticiparnos al próximo siniestro.
Una persona puede cometer un error. Es parte de la condición humana.
Lo que no debería ocurrir es que una infraestructura deficiente, una política pública ausente o una decisión que nunca se tomó conviertan ese error en una sentencia.
La verdadera pregunta ya no debería ser solamente “¿quién tuvo la culpa?”
También debemos preguntarnos:
“¿Qué podríamos haber hecho antes para que esto no ocurriera?”
Ahí comienza verdaderamente la seguridad vial.
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