El gobernador Axel Kicillof participó este martes de la segunda audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para tratar la demanda de la Provincia de Buenos Aires contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). El reclamo es por más de $2,3 billones que Nación adeuda por las cajas de jubilados provinciales no transferidas. Lo acompañaron el ministro de Economía, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Tras el encuentro, Kicillof confirmó que el máximo tribunal fijó un plazo para que el Ejecutivo nacional se expida. “Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, sostuvo el mandatario. La fecha quedó como límite para que el Gobierno presente un esquema de cancelación de la deuda.
El origen del conflicto es la suspensión de las transferencias que ANSES debe girar de manera obligatoria a las provincias que conservaron sus cajas previsionales. Buenos Aires mantiene su sistema propio y denuncia que Nación cortó los envíos, generando un desfinanciamiento millonario. Por eso la Provincia judicializó el reclamo y lo llevó hasta la Corte.
Kicillof enmarcó esta demanda en un panorama más amplio de litigios con Nación. “La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, explicó. Para el gobernador, el recorte de fondos se combina con una crisis económica que multiplica las necesidades en el territorio.
El mandatario bonaerense apuntó directo a la gestión nacional por el impacto de sus decisiones. “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”, afirmó durante la jornada.
Además de la deuda previsional, Buenos Aires inició otras siete demandas ante la Corte por fondos recortados en distintas áreas. Entre ellas figuran el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para seguridad, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, partidas para bosques nativos, la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para financiar obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio de 2023.
La comitiva bonaerense en la audiencia incluyó también al Fiscal de Estado, Hernán Gómez, y a la titular del IPS, Marina Moretti. Ambos organismos son clave en la disputa por las cajas jubilatorias: el IPS administra el sistema previsional provincial y la Fiscalía lleva adelante la estrategia legal de los reclamos.
Con la intimación de la Corte, ahora la pelota quedó del lado de Nación. El 10 de junio el Ministerio de Economía y ANSES deberán presentarse con una propuesta concreta de pago por los $2,3 billones. Mientras tanto, Kicillof sostiene que la Provincia seguirá reclamando en todos los frentes judiciales la restitución de los fondos que considera adeudados.
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