En los últimos días, los vecinos de Punta Alta hemos sido testigos de un cambio visible en el paisaje urbano de nuestras calles. Los semáforos comenzaron a poblarse de cámaras y dispositivos tecnológicos listos para registrar infracciones de tránsito. El Municipio reaccionó rápido ante el murmullo de la calle: salieron a aclarar cuáles son las esquinas elegidas y aseguraron que los dispositivos todavía no están en funcionamiento, postergando su activación para más adelante. Sin embargo, este anuncio, lejos de calmar las aguas, enciende una alarma profunda sobre cómo se están diseñando las políticas públicas en el partido de Coronel Rosales. El orden de los factores sí altera el producto, y en seguridad vial, alterar el orden significa priorizar la sanción antes que la educación.
Instalar tecnología de control antes de desplegar una verdadera estructura pedagógica es, llanamente, poner el carro delante del caballo. Un radar o una analítica de video colocada en un semáforo céntrico debería ser el eslabón final de una larga cadena de prevención, la última instancia para corregir al infractor crónico. Nunca la primera medida. Para que un sistema de fotomultas goce de legitimidad social y no sea percibido de inmediato como un mero “caza-bobos” con fines puramente recaudatorios, la ciudadanía debe ser educada previamente.
¿Dónde están las campañas masivas de concientización en nuestras calles, medios y escuelas?
Antes de encender las cámaras para multar el uso del celular
al volante, la falta de cinturón, o el cruce en rojo, el Estado local tiene la obligación moral y política de saturar el espacio público con capacitaciones reales. Lo mismo ocurre con las motocicletas: el uso del casco salva vidas, pero la concientización no se logra con una notificación de pago seis meses después del hecho, sino con presencia, docencia y control preventivo en el territorio.
Pero el problema en Punta Alta va más allá de una simple discusión de formas; es un problema de legalidad e institucionalidad. Nuestro municipio cuenta con una herramienta extraordinaria que se encuentra archivada en algún cajón del Ejecutivo: la Ordenanza Municipal Nº 3539. Esta normativa, sancionada legítimamente por el cuerpo deliberativo hace ya un tiempo largo, declaró a la Seguridad Vial como un tema de Interés Público Prioritario. No es una sugerencia; es una ley local vigente que obliga a poner en marcha dos órganos fundamentales: el Consejo Municipal de Seguridad Vial y el Observatorio Vial.
El incumplimiento de la Ordenanza 3539 es la pieza que falta para entender por qué la instalación actual de las cámaras carece de sustento sólido. El Observatorio Vial no es un capricho burocrático; es el laboratorio técnico que debe confeccionar el mapa de riesgo y accidentología de Coronel
Rosales. Son sus datos estadísticos, objetivos y científicos los que deben dictaminar, por ejemplo, si un radar es necesario en una esquina céntrica o si el verdadero peligro está en los accesos a la ciudad o en los barrios periféricos. Al ignorar el Observatorio, el Municipio elige las ubicaciones a ciegas o bajo criterios que los vecinos legítimamente cuestionamos. ¿Se busca salvar vidas basándose en datos, o simplemente se busca fotografiar la alta densidad vehicular del centro para asegurar un flujo constante de infracciones?
Por su parte, el Consejo de Seguridad Vial es el espacio natural donde la comunidad, los técnicos y las instituciones debaten democráticamente cómo ordenar nuestro caótico tránsito. Al saltarse su convocatoria, se le da la espalda al vecino.
Nadie con sentido común se opone a que se controle el tránsito. Todos queremos calles más seguras, menos siniestros y conductores más responsables en Punta Alta. Pero el camino no es el atajo del apuro tecnológico.
Exigimos que los radares no se pongan en funcionamiento hasta que el Municipio cumpla con la ley vigente. Es urgente que se active el Consejo
y el Observatorio Vial según los términos de la Ordenanza 3539, que se publiquen los análisis técnicos que justifiquen cada cámara instalada y que se despliegue una campaña de concientización integral y extendida en el tiempo. La seguridad vial se construye con educación, datos y transparencia; de lo
contrario, solo queda la sospecha de la recaudación.
Mauro David Roldán
Técnico Universitario en Seguridad Vial
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